REPENSANDO EL COTIDIANO
EL CABLE VÍA VI
Flavio Restrepo Gómez
flaviorestrepo@myfastmail.com
El transporte público de la ciudad de Manizales está en caos. Las condiciones presentes corresponden a un sistema atrasado, ineficiente, contaminante y sin control como el de todas las ciudades colombianas, incluyendo a aquellas que cuentan con sistemas masivos. La operación está determinada por una asociación de intereses entre los actores del sistema: Los usuarios cautivos del transporte público quieren servicios periódicos, cómodos, baratos y con alta accesibilidad espacial (cualquier destino) y temporal (a toda hora); los propietarios aspiran a que sus vehículos circulen en las rutas con mayor demanda para generar los mayores “producidos” y dentro de esas rutas impera la “guerra del centavo”; las empresas articulan los intereses de unos y otros y aprovechan los servicios asociados a la explotación; y, por último, la minoría del transporte privado respalda la masificación de los servicios populares en contravía de los principios legales vigentes.
Para articular todas estas posiciones se requiere la intervención del Estado a pesar de su histórica ineptitud en el tema. La labor de control debe minimizar los impactos negativos sobre cada uno de los actores, pues el nuestro es un Estado Social de Derecho como lo prueban las decisiones judiciales de esta semana en contra del decreto de congelación de la flota vehicular. La cosa no es, entonces, de “perdedores” y “ganadores”. Todos deben ganar y la capacidad para lograrlo separa al funcionario competente e inteligente del burócrata mediocre, cínico y arrogante.
Retomemos el diagnóstico inicial. Consideremos el atraso, la ineficiencia, la contaminación y la falta de control del sistema a partir de la tecnología involucrada y el papel de los actores del transporte.
PROPIETARIOS: El Estado fija la vida de servicio de los vehículos de transporte público en 20 años pero lo técnicamente apropiado es destruirlos al cumplir un kilometraje máximo. En los últimos años de vida los costos de operación y la tarifa autorizada determinarán una rentabilidad menor. Por otra parte, el Estado implantó el empleo del Diesel por ser “menos contaminante que la gasolina”, pero produce y distribuye un combustible de pésima calidad y deja que las consecuencias de su negligencia causen los conocidos conflictos entre las comunidades y los transportadores por los impactos negativos sobre el medioambiente.
EMPRESARIOS: Pueden instar a los propietarios afiliados a renovar la flota vehicular antes de cumplir su vida útil, aunque persiste el problema de la recuperación del capital. Sin embargo, si el sistema de explotación todavía reposa en planillas de papel y programas de despacho rígidos, los beneficios serán marginales y sólo en el campo de las emisiones de gases.
USUARIOS: Los usuarios prefieren un alto nivel de servicio, lo cual requiere un mayor número de vehículos disponibles y de modelos recientes. Las pretensiones se extienden con frecuencia a establecer horarios, recorridos e incluso la empresa que debería prestar el servicio. Su principal aporte al caos radica en la forma como se accede al servicio por la ausencia de paraderos. El tema del transporte sirve de plataforma para un amplio espectro de “líderes” del cual sale la laya de alcaldes y secretarios de tránsito que hemos sufrido.
PARTICULARES: “Todos los buses y carros estorban y contaminan, menos el mío”. La Ley indica que en presencia de una infraestructura vial insuficiente debe darse prioridad al transporte público sobre el privado. Sin embargo, propuestas como gravar el acceso de los autos particulares al centro han sido calificadas como “absurdas”, se ignora la interacción entre el transporte privado y el famoso “Transporte Especial del Centro” (si llega a establecerse) y no se conoce el aporte específico de los particulares a la contaminación. Por cierto: ¿Será que peatonalizan la Carrera 21? ¿Será que la transforman en zona azul?
La necesaria modernización del transporte requiere compromisos, los cuales, en ausencia de subsidios, pasan todos por el bolsillo del usuario. Si se reduce la vida útil de los vehículos de transporte público, el componente de recuperación de capital de la tarifa aumenta. Si se implementan sistemas electrónicos de control de la explotación, la tarifa aumenta. Si hay que sostener el personal estatal que ejerza el control del sistema, la tarifa aumenta.
Para conservar la tarifa actual se requiere la combinación de tres factores: (1) el aumento de los usuarios del transporte público restringiendo el transporte privado, (2) la creación de una sobretasa a los privados para que subsidien, si fuese legal, a los usuarios del transporte público, y (3) la reducción de los costos del sistema acortando los recorridos (las rutas quedarán más lejos de casa) y masificando el sistema (aumento de pasajeros por vehículo). Adivinen qué va a suceder…
Para eliminar el caos del sistema se requiere que el Estado haga efectivas las atribuciones nominales contenidas en la Ley. ¿Será que la solución para esto es el Cable Vía? ¿Estará correctamente integrado con todos los actores del transporte? ¿Los problemas que supuestamente resuelve son proporcionales con la inversión a realizar?
EL CABLE VÍA VI
Flavio Restrepo Gómez
flaviorestrepo@myfastmail.com
El transporte público de la ciudad de Manizales está en caos. Las condiciones presentes corresponden a un sistema atrasado, ineficiente, contaminante y sin control como el de todas las ciudades colombianas, incluyendo a aquellas que cuentan con sistemas masivos. La operación está determinada por una asociación de intereses entre los actores del sistema: Los usuarios cautivos del transporte público quieren servicios periódicos, cómodos, baratos y con alta accesibilidad espacial (cualquier destino) y temporal (a toda hora); los propietarios aspiran a que sus vehículos circulen en las rutas con mayor demanda para generar los mayores “producidos” y dentro de esas rutas impera la “guerra del centavo”; las empresas articulan los intereses de unos y otros y aprovechan los servicios asociados a la explotación; y, por último, la minoría del transporte privado respalda la masificación de los servicios populares en contravía de los principios legales vigentes.
Para articular todas estas posiciones se requiere la intervención del Estado a pesar de su histórica ineptitud en el tema. La labor de control debe minimizar los impactos negativos sobre cada uno de los actores, pues el nuestro es un Estado Social de Derecho como lo prueban las decisiones judiciales de esta semana en contra del decreto de congelación de la flota vehicular. La cosa no es, entonces, de “perdedores” y “ganadores”. Todos deben ganar y la capacidad para lograrlo separa al funcionario competente e inteligente del burócrata mediocre, cínico y arrogante.
Retomemos el diagnóstico inicial. Consideremos el atraso, la ineficiencia, la contaminación y la falta de control del sistema a partir de la tecnología involucrada y el papel de los actores del transporte.
PROPIETARIOS: El Estado fija la vida de servicio de los vehículos de transporte público en 20 años pero lo técnicamente apropiado es destruirlos al cumplir un kilometraje máximo. En los últimos años de vida los costos de operación y la tarifa autorizada determinarán una rentabilidad menor. Por otra parte, el Estado implantó el empleo del Diesel por ser “menos contaminante que la gasolina”, pero produce y distribuye un combustible de pésima calidad y deja que las consecuencias de su negligencia causen los conocidos conflictos entre las comunidades y los transportadores por los impactos negativos sobre el medioambiente.
EMPRESARIOS: Pueden instar a los propietarios afiliados a renovar la flota vehicular antes de cumplir su vida útil, aunque persiste el problema de la recuperación del capital. Sin embargo, si el sistema de explotación todavía reposa en planillas de papel y programas de despacho rígidos, los beneficios serán marginales y sólo en el campo de las emisiones de gases.
USUARIOS: Los usuarios prefieren un alto nivel de servicio, lo cual requiere un mayor número de vehículos disponibles y de modelos recientes. Las pretensiones se extienden con frecuencia a establecer horarios, recorridos e incluso la empresa que debería prestar el servicio. Su principal aporte al caos radica en la forma como se accede al servicio por la ausencia de paraderos. El tema del transporte sirve de plataforma para un amplio espectro de “líderes” del cual sale la laya de alcaldes y secretarios de tránsito que hemos sufrido.
PARTICULARES: “Todos los buses y carros estorban y contaminan, menos el mío”. La Ley indica que en presencia de una infraestructura vial insuficiente debe darse prioridad al transporte público sobre el privado. Sin embargo, propuestas como gravar el acceso de los autos particulares al centro han sido calificadas como “absurdas”, se ignora la interacción entre el transporte privado y el famoso “Transporte Especial del Centro” (si llega a establecerse) y no se conoce el aporte específico de los particulares a la contaminación. Por cierto: ¿Será que peatonalizan la Carrera 21? ¿Será que la transforman en zona azul?
La necesaria modernización del transporte requiere compromisos, los cuales, en ausencia de subsidios, pasan todos por el bolsillo del usuario. Si se reduce la vida útil de los vehículos de transporte público, el componente de recuperación de capital de la tarifa aumenta. Si se implementan sistemas electrónicos de control de la explotación, la tarifa aumenta. Si hay que sostener el personal estatal que ejerza el control del sistema, la tarifa aumenta.
Para conservar la tarifa actual se requiere la combinación de tres factores: (1) el aumento de los usuarios del transporte público restringiendo el transporte privado, (2) la creación de una sobretasa a los privados para que subsidien, si fuese legal, a los usuarios del transporte público, y (3) la reducción de los costos del sistema acortando los recorridos (las rutas quedarán más lejos de casa) y masificando el sistema (aumento de pasajeros por vehículo). Adivinen qué va a suceder…
Para eliminar el caos del sistema se requiere que el Estado haga efectivas las atribuciones nominales contenidas en la Ley. ¿Será que la solución para esto es el Cable Vía? ¿Estará correctamente integrado con todos los actores del transporte? ¿Los problemas que supuestamente resuelve son proporcionales con la inversión a realizar?
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